Colectiva Feminista en Construcción Denuncia Criminalización del Estado

por redacción revista étnica

Este 19 de octubre de 2022, La Colectiva Feminista en Construcción convocó una conferencia de prensa en la que denunció la intención del Departamento de Justicia de radicar cargos criminales en contra de varias integrantes de la organización, así como de residentes de Río Piedras, luego de que limpiaran y habilitaran espacio abandonado que ubica en esa comunidad. Denunciaron, además, que esta última acción responde a un patrón de acecho y persecución que viven desde hace un año.

“En este último año, a partir de estar haciendo un trabajo situado en la comunidad de Río Piedras en la que muchas de nosotras, integrantes de esta organización, residimos, laboramos y estudiamos, comenzamos a recibir el asedio y persecución constante de parte de la Policía de Puerto Rico y de la Policía Municipal de San Juan. Esto se ha manifestado en el acoso de oficiales en patrullas con actitudes intimidantes en momentos en que hemos estado haciendo actividades al aire libre con la comunidad, intervenciones desproporcionadas para cuestionarnos nuestro derecho y legitimidad para hacer actividades en las calles de Río Piedras o meramente por estar paradas aquí, en la calle donde ubica nuestro local. Asimismo, oficiales de la policía municipal de San Juan han registrado, sin previa notificación, partes de nuestro local portando armas largas, entre otras intervenciones”, explicó la portavoz de la organización, Shariana Ferrer-Nuñez.

Según Ferrer-Núñez este patrón empeoró una vez la organización junto a personas de la comunidad de Río Piedras, limpiaran y acondicionaran una estructura abandonada que ubica en la Calle Brumbaugh, esquina Calle Robles, donde hace unos años ubicaba el negocio Teatrolandia. El local que ha estado abandonado por los pasados 10 años, estaba lleno de escombros, en condiciones insalubres, lo que ha afectado durante años a vecinos y vecinas de esa comunidad. Con el transcurso del tiempo, el espacio se convirtió en un criadero de ratas, cucarachas y mosquitos, por lo que la comunidad se organizó para limpiar el espacio y mitigar estas condiciones.

“A pesar de que quienes único tenían la obligación de actuar ante esta situación son precisamente los alegados dueños en primer lugar y el Municipio de San Juan, la comunidad decidió ocuparse de la situación. Aquí hubo conversaciones entre vecinos, con el Fideicomiso de Desarrollo de Río Piedras, la Junta Comunitaria de Río Piedras, con el Centro para la Reconstrucción del Hábitat y el entendido e información que tenemos es que esa propiedad está abandonada desde hace diez años y que el gobierno municipal no había hecho nada al respecto. En ese sentido, nuestro Código Civil dispone que un vecino o vecina entra a una propiedad abandonada como esta, a mitigar condiciones de peligrosidad que afecten la comunidad y los otros hogares sí está protegido por ley. Lo que es definitivamente una violación de ley es que haya un estorbo público como este, amenazando la vida de las personas que residimos en la comunidad y ni el gobierno municipal ni los dueños hagan nada”, aseveró además Verónica Figueroa Huertas, también portavoz.  

Según informó Zoán Dávila, portavoz de la organización, las integrantes de la Colectiva recibieron tres intervenciones por parte de la guardia municipal, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia, donde se les intimidó sobre la radicación de querellas. Al preguntársele a estos oficiales sobre quién estaba radicando la querella y el motivo de la misma, para así iniciar un diálogo sobre el estado del espacio abandonado, estos se negaron a proveerles información. No fue hasta que se emplazó con una demanda de desahucio el pasado 7 de octubre, contra una de las dirigentes de la organización, que supieron quienes son alegadamente dueñas del espacio.

“Esta demanda se presenta sabiendo que en ese espacio solo se limpió y que absolutamente nadie, mucho menos integrantes de la Colectiva viven en ese espacio o se han hecho dueñas de este. Quienes presentan la demanda alegando ser dueñas son abogadas adineradas, con recursos y sobre todo, conocedoras del estado de derecho en Puerto Rico. Estas personas deben conocer que, por un lado, tienen la responsabilidad en derecho de evitar que esta propiedad se convierta en una ruina que atente contra la seguridad de la comunidad”, agregó Ferrer-Nuñez.

Según informaron las portavoces, luego de que culminara la vista del caso de desahucio, varias de sus integrantes y varias vecinas de Río Piedras recibieron citaciones para la radicación de cargos criminales este 26 de octubre. Según Dávila Roldán, esta acción denota la persecución de las agencias públicas de ley y orden, ya que no se justifica que se presenten cargos cuando ya existe un caso civil en el que se están atendiendo las reclamaciones de las partes. En el caso de las alegadas dueñas, la organización reclama que asuman su responsabilidad por los recursos monetarios y por los gastos de mano de obra que la organización asumió para limpiar el local.

Las integrantes de la organización exigieron que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, responda por qué ha mantenido dicho estorbo público sin atender. Exigieron además que el alcalde ordene a la Policía Municipal que se abstenga de acecharles y de perseguirles. Por otro lado, la organización también exigió que el Secretario de Justicia, señor Domingo Emanuelli, responda por qué pretende presentar cargos contra integrantes de la Colectiva Feminista en Construcción y contra residentes de Río Piedras por limpiar un estorbo público.

“Exigimos que responda, además, cómo se está pretendiendo criminalizar a personas de la comunidad, cuando ya hay un proceso de carácter civil, entre ciudadanas, con representación legal de ambas partes, que busca resolver esta situación”, culminó la licenciada Dávila.