Organizaciones exigen diligencia del Estado ante Violencia Racista

El colectivo se pronunció frente al edificio de Administración de Tribunales por el caso de racismo en Canóvanas.

por Lumarhi J. Rivera


Esta mañana un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron a los tribunales y a la Policía que atiendan con mayor diligencia el caso de violencia racista hacia la familia de Canóvanas, a través de una conferencia de prensa frente a la oficina de Administración de Tribunales.
El caso de la familia Ramírez Cortés está presente en los tribunales desde el 2020 por los ruidos excesivos, acecho, y acoso racista de parte de su vecina Carmen García. Para el 2021, el tribunal de Carolina emitió una orden de cese y desista en enero y una orden de desacato en noviembre hacia Carmen. Ambas órdenes fueron violentadas por esta vecina y el Estado no tomó una acción mayor.

Además, durante el periodo de prolongación del hijo de Carmen, el dentista Luis Espinet García amenazó con un arma de fuego a Chanelly Cortes, lo que dio inicio a un proceso criminal.


Las organizaciones que se pronunciaron en la conferencia de prensa fueron Colectivo Ilé, Colectiva Feminista en Construcción, Revista étnica, Amnistía Internacional, Ayuda Legal de Puerto Rico, y La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).

Los pronunciamientos de las organizaciones representadas fueron dirigidos al director administrativo de tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, y a la jueza administradora general, Rosa Benítez Álvarez.

Los reclamos generales consistieron en que los tribunales actúen para detener la conducta abusiva de la familia Espinet García, que siempre tengan presente el ángulo racial para este y otros casos, y que el sistema de justicia se autoexamine e implemente procesos con conciencia antirracista.

La Colectiva Feminista en Costrucción declaró que este caso de racismo en Canovanas surge de un contexto de aumento de violencia y desplazamiento a las comunidades negras y empobrecidas en Puerto Rico.

"La falta de acción por parte de las autoridades correspondientes para garantizar la tranquilidad de esta familia es, en sí misma, una posición institucional donde las vidas, seguridad y salud emocional de esta familia es puesto en un segundo plano”, reclamó la portavoz de la Colectiva, Zoán Davila Roldán.

Por su parte, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico, Liza Gallardo Martín reclamó la garantía de un proceso justo y libre de obstáculos en el caso que incluye a la familia Ramírez Cortés.

En especial exigimos que se garantice la protección de las personas menores de edad contra la discriminación racial”, proclamó Gallardo Martín.
A este reclamo se unió Colectivo Ilé, y clasificaron la experiencia de acoso racista sin fin que vive la familia Ramírez Cortés como “traumática y tortuosa”.
“Nos preocupa cuánto y por cuánto tiempo han tenido que tolerar estos agravios”, puntualizó María Reinat Pumarejo, cofundadora de Colectivo Ilé. “La lentitud con la cual el sistema de justicia ha atendido sus denuncias de racismo ha prolongado la violencia que viven”, añadió.

Antes de iniciar la conferencia de prensa, el grupo de organizaciones se contactó con las oficinas de Administración de Tribunales y Administración Regional del tribunal de Carolina con la expectativa de entregarles físicamente los posicionamientos de las organizaciones.

Por otro lado, el edificio de la Administración de Tribunales estaba altamente vigilado, por lo que las organizaciones solicitaron que un representante de la oficina se presentara para recoger los reclamos.

De hecho, antes de iniciar se acercaron dos miembros de la policía solicitando injustificadamente y sin éxito, el nombre de una persona que liderara o representara a las organizaciones presentes.

Luego de finalizar la conferencia de prensa no se presentó ningún personal de la Administración de Tribunales a recoger los reclamos de las organizaciones.

No obstante, varios portavoces de las organizaciones se movilizaron a la oficina de Administración Regional del tribunal de Carolina, donde recibieron sus posicionamientos.

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